Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) del congreso local se deslindó de la licitación que realiza el gobierno estatal para contratar a la empresa externa que realizará la auditoría forense a la cuenta cargos por aplicar de las cuentas públicas estatales de 1996 a 2014, por incumplir con el decreto que aprobaron los diputados locales, afirmó la presidenta de dicha comisión, Yarabì Ávila González.
En marzo pasado los legisladores aprobaron un transitorio dentro del decreto que autorizaba al ejecutivo la reestructura y refinanciamiento de una parte de la deuda pública, en el que establecieron que el gobierno por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración ordenaría la realización de la auditoría forense, para la cual se contratarían los servicios de profesionales externos mediante un procedimiento de licitación pública nacional, decreto que a decir de la legisladora, incumplió la administración pública, pues la licitación que realizan es estatal.
La parlamentaria emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló que el documento que hizo llegar la administración pública al Poder Legislativo le fue remitido un día antes de que venciera el plazo de 90 días, en el que, afirmó, se detallan las fechas en que se publicó la licitación en los periódicos de mayor circulación estatal como nacional, lo que aseguró pudieron constatar; sin embargo, aunque también se asienta que se publicó en la página del Diario Oficial de la Federación, la información carece de veracidad.
"Al momento de leer el documento no cuadra la información con lo que se señala en el decreto que fue aprobado por este pleno, en donde se le exige al Ejecutivo que realice una licitación pública nacional y la licitación que realizan es únicamente estatal", dijo.
En este sentido le cuestionó a la Secretaría de Finanzas y Administración ¿si las reglas de una licitación estatal, reglamentan una nacional?
Ávila González dejó claro que enviaron un documento a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y a la Junta de Coordinación Política del congreso Local, por medio del cual estipula que la comisión que preside se deslinda de la responsabilidad de una licitación estatal, "pues así no se estipuló en el decreto".
"Hasta que no tengamos mayor información así lo haremos, nos deslindamos de la licitación que realiza la Secretaría de Finanzas", indicó.
La legisladora descalificó el incumplimiento por parte del gobierno estatal y dijo "yo creo que cuando las cosas se hacen de manera aislada, te entra la duda si las cosas se están haciendo bien o mal".
Es la segunda ocasión en que la LXXIII legislatura estudia la cuenta cargos por aplicar, pues durante el año anterior instalaron una comisión especial que fue presidida por el diputado perredista Juan Pablo Puebla Arévalo, sin que en un año lograran entregar resultados.
Ahora con la litigación nacional de una empresa externa los diputados buscan que los trabajos que desarrollen los profesionales sean supervisados conjuntamente por el Poder Ejecutivo del estado, por conducto del Secretario de Finanzas y Administración, así como por el Congreso del Estado, a través de los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y de la Junta de Coordinación Política, ante quienes deberían presentarse informes parciales de avance, así como un informe final de resultados.
