Sentencian a 50 años de prisión a exministerial por el delito de secuestro

Fue localizada sana y salva mediante protocolos de Alerta Alba (Foto ilustrativa)
Fue localizada sana y salva mediante protocolos de Alerta Alba (Foto ilustrativa)

Morelia, Michoacán (Boletín).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de un exagente de la policía ministerial, por su relación en el delito de secuestro exprés agravado, y robo.

De acuerdo a pruebas obtenidas durante el trabajo realizado por agentes investigadores de la Unidad de Asuntos Internos y que fueron aportadas al órgano jurisdiccional, el 25 de septiembre de 2015, el exservidor público José Alberto L., exigió la entrega de un vehículo a cambio de no llevar a cabo la detención de un familiar del denunciante.

Para cumplir con dicho propósito, el imputado retuvo al agraviado por unas horas y lo liberó una vez que tuvo en su poder los documentos de la unidad.

Los hechos fueron denunciados ante la PGJE, por lo que de inmediato se llevó a cabo la investigación correspondiente que permitió ubicar e identificar al servidor público, además de recuperar la unidad relacionada en el hecho.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía Especializada solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y el 11 de noviembre de 2015 fue cumplimentada por agentes investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la institución.

El exagente fue presentado ante la autoridad jurisdiccional, misma que en audiencia resolvió su vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva.

Una vez que se agotaron las etapas procesales respectivas en las que se valoraron las pruebas aportadas por la PGJE, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó emitir fallo condenatorio al considerar que se acreditó en etapa de investigación la responsabilidad del acusado en los delitos de secuestro y robo.

En virtud de lo anterior y en audiencia, el tribunal emitió sentencia de 50 años, seis meses de prisión y multa por un monto superior a los 200 mil pesos.

Con relación a este hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado reiteró que todos sus servidores públicos están obligados a respetar la ley y a conducirse bajo los principios de lealtad y probidad a los que están comprometidos a respetar por el bien de la institución y de la sociedad a la que prestan sus servicios.

En ese sentido, la dependencia refrendó que no habrá tolerancia y se actuará con firmeza y contundencia contra quienes la transgredan.

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