Durante este periodo de transición política nacional, mucho se ha declarado respecto a hacer soplar vientos de cambio en el ámbito educativo, que a su vez ha sido una de las arenas públicas en las que más se han disputado batallas políticas, en las que se han empleado toda clase de despliegues tácticos, artilugios retóricos y maniobras proselitistas.
Al respecto, hemos escuchado posicionamientos polarizados y discursos dicotómicos por parte de diversos actores políticos, quienes no solamente se contradicen entre sí, sino que llegan al extremo de desmentirse a sí mismos.
Amenaza en materia educativa hacerse presente una vez más el adanismo, patología de la clase política mexicana, la cual imagina que antes de ellos nada que valiese la pena existía, pretendiendo partir de un escritorio vacío, limpio y sin documentos, ni asuntos pendientes o en trámite. Paralelamente, es importante considerar que en nuestra patria ya no impera la dictadura perfecta ni existen reyezuelos: hay instituciones, división de poderes y órdenes de gobierno.
Vale la pena asimismo resaltar que la educación del país en absoluto es una inerme piñata a la cual pegarle o saquearla durante un turno sexenal. Depende de un complejo conglomerado de activos culturales, identitarios, ambientales, productivos, educativos y sociales, entre muchas otras características más que deben de tomarse en cuenta, antes de considerar siquiera su posible expoliación o destrucción.
Con las consideraciones anteriormente hechas, recordemos que devastar un campo fértil para posteriormente sembrar es una práctica que deseca el suelo. En aspectos sociales, destruir las estructuras organizativas comunitarias para crear otras suele resultar contraproducente y estéril. Destruir puede abonar a transformar, pero transformar sin destruir, aprovechando lo construido es doblemente meritorio.
Por lo anteriormente dicho, debe ser una alta misión de los actores intervinientes el que de este proceso de lucha de contrarios surja una síntesis dialéctica que permita la evolución de la educación nacional. La transformación educativa no es un producto nuevo, ni está seriada por números ordinales; es resultado invaluable de las necesidades y demandas, de los sueños y aspiraciones de los mexicanos, por lo que inicia desde antes de la gestación de nuestro país como nación independiente y seguirá mucho más allá de un sexenio específico,
La certidumbre que debemos de tener es que la transformación educativa no depende de una sola persona; ni abrogar la normatividad vendrá de parte de un solo partido político, ya que nadie tiene el poder absoluto en el país.
Al respecto, es importante tener en cuenta que los peligros de borrar hasta la última coma de la Reforma Educativa son muchos. Se corre el riesgo de arrasar con valiosas experiencias que han costado muchos años de esfuerzo. De la misma manera, abrogar o echar abajo la Reforma Educativa sin una consulta y un plan sectorial integral alternativo también implica un atentado profundo contra la evolución de nuestro sistema educativo nacional.
Pareciera ignorarse que el más ambicioso proyecto para conformar gobernanza que se ha lanzado en la historia de la nación está implícito en el modelo educativo vigente. Muy poco se ha dicho al respecto y menos se ha dimensionado, ni siquiera por los propios autores. Reside un potencial inmenso en el hecho de organizar y movilizar a los mexicanos por, para y a través de su propia educación.
Hagamos cuentas: 30 millones de estudiantes, más sus padres de familia y un millón y medio de trabajadores de la educación, si estuviesen bien articulados constituirían por sí mismos un modelo de gobernanza en plena operatividad en el país que implicaría organizar y movilizar a más de la mitad de los mexicanos. Sería esto un movimiento social por la educación nacional de proporciones inéditas que podría inclinar el fiel de la balanza para catalizar el desarrollo integral de nuestro México.
En ese marco del quinto eje del modelo educativo vigente, la conformación de Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, eslabonados con el segundo nivel, que son los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, los cuales, estando imbricados bidireccionalmente con los Consejos Estatales de Participación Social en la Educación y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación serían un mecanismo transformador de la realidad nacional, ya que permitirían realizar a través suyo toda clase de acciones por el bien común.
En los consejos escolares vigentes, el ejercicio de los recursos públicos es vigilado por los padres de familia, al igual que la conformación y seguimiento de un plan de mejora de la comunidad de aprendizaje. Asimismo, los directores escolares han evolucionado de ser una especie de prefectos en jefe a convertirse en líderes de la comunidad de aprendizaje, en lo pedagógico y en los ámbitos de desarrollo integral, en la gestoría y otros aspectos. Los estudiantes participan, los maestros ejercen su libertad de cátedra y promueven la innovación educativa desde el aula y la comunidad entera se beneficia de estos círculos virtuosos constituidos por el modelo organizativo.
Empero, es importante subrayarlo: el delicado e incipiente sistema de gobernanza educativa que se está construyendo en el país está en peligro también ante una retrogradación irreflexiva del marco normativo vigente.
Amenaza el escenario de regresar a las asociaciones de padres de familia en las que no había transparencia ni ejercicios de rendición de cuentas, en donde los familiares, amigos o incondicionales de los directivos de los planteles escolares se eternizaban representando a los paterfamilias, a pesar de que en ocasiones ni siquiera tenían hijos inscritos en los planteles escolares. Las comunidades de aprendizaje regresarán a ser planteles a modo en donde los padres se remiten meramente a dejar a sus hijos en la puerta, cual guardería de estilo viejo. En suma, con el retroceso en la normatividad vigente, el derecho a que todos participen en la escuela se vería enormemente amenazado, al diluir la posibilidad de organización escolar debidamente conformada.
El gobierno de transición debe buscar que los actores clave del sistema educativo tengan participación total en el ciclo completo de la política pública educativa, lo que permitirá superar las circunstancias en las que nos encontramos, ya que muchas de las falencias de la implementación del marco normativo se derivan de la inclusión parcial o sesgada de las medidas estipuladas por la norma.
Si bien es cierto que el modelo de gobernanza no está acabado y dista mucho aún de ponerse en plena operación, por estar muchas falencias a la vista que permiten la desarticulación, la simulación y la trampa; pero es preferible atajar los vacíos y corregirlos, es mejor estimular la densificación del tejido social que desaparecer de un plumazo lo avanzado.
En Michoacán, no habrá actor político que se atreva a arrostrar a los ciudadanos de las más de cuatro mil escuelas que ya tienen un Consejo Escolar de Participación Social en la educación para decirles que no van más los ejercicios de rendición de cuentas; que la cooperativa escolar pasará a manos de un familiar del director, que la cuenta bancaria mancomunada se dejará de utilizar y que la asociación de padres de familia se volverá a simular.
Debe de tenerse en cuenta que actuar arremetiendo irreflexivamente en contra de los cimientos profundos de la infraestructura democrática de la nación puede tener consecuencias catastróficas en el daño infligido al tejido social, que puede tomar años en sanar y restablecerse.
La transformación educativa nacional también se impulsa asegurando que todos participen en la escuela.
Y ya entrando en materia, hablando de participación ciudadana y de conformar la mayor consulta pública de la historia de la nación, resulta claro que no bastará presentar un plan maestro educativo, sino también validarlo a través del sistema de gobernanza ya creado y en operación, no solamente mediante foros. ¿Por qué no preguntarle ya a quienes participan en las escuelas, desde su centro de trabajo, desde su comunidad de aprendizaje? ¿Por qué hacer trasladarse a los padres de familia de comunidades rurales durante horas para llegar a uno de los foros? ¿Por qué consultarles vía Internet o redes sociales cuando existe un sistema de gobernanza a través del cual consultar? Más aún, cómo se harán participes a todos atendiendo criterios de diversidad, de plurilingüismo propio de nuestra nación y facilitando el acceso las personas con discapacidad para que participen en la consulta son interrogantes que aún no se resuelven y que impactan directamente en la gobernanza educativa presente y futura de la nación. Vale la pena aprovechar lo ya existente antes que arrasar y suplantar estructuras con otras nuevas.
Podríamos comenzar a preguntarnos quienes ganarían con desmovilizar y dejar sin cauces de participación a millones de mexicanos. Ante una abrogación de la participación social en la educación, seguramente quienes ya poseen cotos de poder y quienes ya están organizados para presionar al gobierno se están frotando las manos por recuperar sus cotos de poder.
En cambio, para los grupos fácticos que añoran el poder y los recursos de la educación de los hijos de México, resultaría un avasallante tsunami lograr un mecanismo de gobernanza aún más evolucionado y conformado.
La activación de la participación social en la educación no solamente implica el compromiso dentro de la comunidad de aprendizaje de los paterfamilias, sino que el proceso educativo debe de anidarse en los hogares. La autonomía curricular es un área aún inexplorada en muchas comunidades escolares y desconocida para muchos maestros aún acostumbrados a repetir prácticas en el aula, no a proponer ni a innovar. Hacia allá debe de apuntar la proa de la transformación educativa desde su enfoque de gobernanza, logrando que sean participativos los procesos de otorgamiento de becas para estudiantes, la incorporación del magisterio a la elaboración de un nuevo plan educativo, el garantizar el ingreso a las universidades y crear nuevos planteles universitarios, así como la reconstrucción de los planteles escolares.
En todo ese contexto, no cabe duda de que los efectos de una eventual decisión centralista de diluir los esfuerzos por la gobernanza serán vivenciados más dramáticamente en las entidades federativas. La cantidad de personas ofendidas con la cancelación de la reforma Educativa puede ser mucho mayor de la que se está estimando con base en la rentabilidad electoral y el llano cálculo político.
Por ello, bien vale la pena que no se le quite ni una coma a la conformación de gobernanza del sector educativo nacional, sino que, por el contrario, se coloquen acentos, signos de puntuación y admiración para que sea la red ciudadana por la educación el soporte de las acciones transformadoras de la nación.
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