Investigarán a policías por faltas administrativas durante protocolo de confinamiento

Se inició una carpeta de investigación en contra de los integrantes de dicha corporación con la finalidad de que se puedan deslindar responsabilidades (Foto: cortesía)
Se inició una carpeta de investigación en contra de los integrantes de dicha corporación con la finalidad de que se puedan deslindar responsabilidades (Foto: cortesía)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por incurrir presuntamente en faltas administrativas y actos de extorsión por parte de elementos de la Policía Michoacán durante el aislamiento obligatorio que decretó el Ejecutivo estatal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició una carpeta de investigación en contra de los integrantes de dicha corporación con la finalidad de que se puedan deslindar responsabilidades.

Así lo informó en entrevista para MiMorelia.com, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera Pérez, luego de solicitar mediante el oficio con el número de folio 001402 el pasado 4 de mayo a la dependencia encargada de la seguridad de los michoacanos, la investigación interna sobre dos hechos presentados en el Estado y que se encuentran documentados en notas periodísticas del 14 y 16 de abril.

Detalló que en las notas periodísticas, se señaló que durante los filtros instalados en diferentes puntos de la capital michoacana para reiterar el llamado de quedarse en casa a fin de evitar los contagios del Covid-19, tal y como lo marcó el Decreto del aislamiento obligatorio del Ejecutivo estatal, los elementos de la Policía Michoacán además de pedir documentación personal, también se incurrió presuntamente en actos de extorsión pese a que el ciudadano acreditó realizar las actividades esenciales.

Higuera Pérez, expresó que en ambos casos hay una presunción de extorsión, pues para que las personas pudieran dirigirse a sus domicilios, los elementos policiales incurrieron en "mordidas" bajo el pretexto del confinamiento obligatorio, es por ello, que se pidió a la SSP emprender una investigación para que los casos no queden en la impunidad.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, informó la directora de Asuntos Internos de la SSP, Arely Ruiz Jarillo le informó mediante un oficio con fecha del 8 de mayo que la dependencia estatal abrió una carpeta de investigación con base a las notas periodísticas que señalan las presuntas faltas administrativas de los elementos policiales con la finalidad de que se apliquen las sanciones correspondientes en dado caso de que a los uniformados se les acrediten los hechos.

Durante la entrevista vía telefónica, Higuera Pérez también anticipó sobre un caso al que el Comité de Participación Ciudadana le está dando seguimiento referente a que un grupo de policías estatales le dispararon a un joven presuntamente por no detenerse en el alto y no llevar el casco, pero la defensa del afectado es que tuvo que salir de su domicilio de manera urgente para comprarle a su mamá unos medicamentos.
"El chico reconoce que no llevaba casco y que se pasó el alto para poder llevarle los medicamentos a su mamá y que realmente era una urgencia, el problema es que los elementos policiales continúan sin aplicar un protocolo de actuación. No puedes disparar de esa manera a una persona y por eso pedimos también a la SSP que se inicie con la investigación", resaltó.

Cabe recordar que el aislamiento obligatorio que se decretó el pasado 20 de abril con la finalidad de que las personas evitaran salir a la vía pública sin una justificación, ya que el objetivo del mismo era evitar los contagios masivos del Covid-19, quedó sin efectos a partir de este 17 de mayo.

El Decreto de aislamiento, señalaba que sólo podrían circular por la vía pública quienes tengan que salir a comprar alimentos, medicinas o acudir a hospitales, establecimientos sanitarios o para trasladarse a cuidar a personas en estado de vulnerabilidad y las personas deben portar cubrebocas, de lo contrario serían acreedores a una multa económica, arresto por hasta 36 horas o la imposición de horas de trabajo comunitario.

Por: Guadalupe Martínez/E

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