"Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo"… Sófocles (496 a.C. – 405 a.C.). Poeta trágico griego.
El Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE) anunció que promoverán un amparo ante juez de distrito y que apelarán también por la vía administrativa, la decisión del Congreso estatal de desechar sin mayores argumentos jurídicos, la solicitud de juicio político que hicieron contra el auditor José Luis López Salgado.
Destacaron que en el dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, se consideró procedente la solicitud ciudadana, que incluía documentos que constatan que el responsable de la fiscalización no atendió un mandato de los legisladores para que revisara el destino de un crédito por mil 340 millones de pesos contratado en 2012 por el gobierno estatal y que en el 2014 todavía quedaban más de 400 millones pendientes de ejecutar y de los que se desconoce su destino.
El enorme problema que existe en Michoacán, para que algo así proceda, radica, como también lo señaló uno de los integrantes del CEMIDE, Arturo Herrera Cornejo, en la complicidad que prevalece en la mayoría de los que integran la cúpula vigente del poder estatal, eso será obstáculo suficiente para que en materia de transparencia y rendición de cuentas no pase absolutamente nada.
Y es que en caso de que proceda el amparo o algún otro recurso legal, los legisladores se darán a la tarea de buscar los argumentos jurídicos para desechar una vez más el juicio político que atentaría no sólo contra el auditor superior del estado, sino contra centenas de políticos que están o han estado en alguno de los poderes.
José Luis López Salgado debe tener todo un arsenal en documentos para llevar contra las cuerdas a aquel que se atreva a ponerle el dedo. Por ello se ha burlado incansablemente de las advertencias no sólo del CEMIDE, sino de sus propios jefes, los diputados.
Su arribo a la Auditoría Superior de Michoacán data de la era Leonel Godoy Rangel, pasando por la de Fausto Vallejo Figueroa con el interinato de Jesús Reyna García, el sustituto Salvador Jara Guerrero y lo que va de Silvano Aureoles Conejo.
Así que difícilmente algún partido o grupo político, ya en el gobierno o en la oposición, se va a atrever a ir contra del personaje que tiene en su poder documentos que podrían dilucidar todo el sospechosismo que arrastra Michoacán respecto a malos manejos de los recursos públicos.
López Salgado es prácticamente un intocable y lo sabe y lo usa y lo seguirá usando. De quienes podrían ponerlo contra las cuerdas, unos han sido alcaldes, otros fueron legisladores de los que aprobaron créditos a diestra y siniestra a cuanto gobernador se los pidió, alguno más han sido funcionarios públicos; es decir, de una inmensa mayoría, López Salgado debe tener archivos suficientes para contenerlos.
Y peor aún, lo que ha sucedido con este intento del CEMIDE, ya lo puede usted ir proyectando en los resultados de la Auditoría Forense a la cuenta Cargos por Aplicar, en el caso de las minutas con la CNTE donde se establecieron los bonos que anualmente exigen y que la actual administración ha referido que se pagan unos mil millones de pesos anuales. Lo mismo pasará con el tema de la Presa J. Múgica y con el Teatro Matamoros entre muchos ejemplos más.
Seguirá la impunidad. La misma que tiene a Michoacán entre los más señalados a nivel nacional por la Auditoría Superior de la Federación, sólo por debajo de Veracruz y el Estado de México, pero peor que Veracruz porque allá por lo menos ya hay ex funcionarios y hasta un ex gobernador en la cárcel… Acá, sólo discursos y promesas.
Para que la Auditoría Forense se considere exitosa, tendría que facilitar información para recuperar algunos miles de millones de pesos y llevar ante la justicia, sino es que hasta la cárcel, a decenas de ex funcionarios, de no ser así, será un total fracaso…
Y sin embargo, espero estar equivocado.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
