La radio y la televisión mexicanas están sobrerreguladas; aparte de pagar todos y cada uno de los gravámenes que cualquier empresa debe pagar: el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, los impuestos sobre nómina, etc., cubren el pago de contraprestaciones en dinero por el uso del espectro radio-eléctrico y desde 1969 un impuesto especial que se paga en especie, con tiempo, un caso único en el mundo,
Durante la Semana Nacional de Radio y Televisión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a revisar la reducción los llamados "tiempos fiscales", un impuesto que todas las emisoras de radio y televisión deben cubrir transmitiendo spots del gobierno y de los partidos políticos, sin costo.
Poco después de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz impuso esta modalidad. No fue tanto que la radio y la televisión les hubieran dado foro a los estudiantes, los controles gubernamentales sobre los medios electrónicos y sobre la prensa eran tales que en ese tiempo pocos se atrevieron a desafiar al presidente y a contradecir la versión oficial.
Mas bien, al gobierno le urgía tener tiempos disponibles en radio y televisión para hacerse propaganda. Al entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, se le ocurrió una idea que planteó al presidente Díaz Ordaz: en el proyecto de Ley de Ingresos para 1969 que se envió al Congreso, metió un impuesto muy elevado que afectaría únicamente los ingresos de las emisoras de radio y televisión. Deliberadamente, se pretendía negociar que se pagara con tiempo al aire para el gobierno. El propio Ortiz Mena dejó escrito en su libro El Desarrollo Estabilizador: "incluimos un impuesto de 25% sobre los ingresos brutos de las empresas de radio y televisión. El impuesto entraría en vigor el 1º de julio de 1969, de tal forma que durante seis meses el gobierno pudiera negociar desde una posición de fuerza" ya que, desde la óptica gubernamental, "era necesario diseñar una serie de acciones que permitieran al Estado disponer de parte de los tiempos de difusión de la radio y la televisión sin entrar en una confrontación con los dueños de las empresas del sector".
El propósito del gobierno cristalizó, ayudó la mediación del ex presidente Miguel Alemán, quien tenía intereses en Telesistema Mexicano. Luego de varios meses de jaloneos entre los radiodifusores y el gobierno, se pactó finalmente lo que éste quería: que el gobierno tuviera tiempos en radio y televisión. El Ejecutivo Federal logró tener, para manejar a su criterio, el 12.5 por ciento del tiempo de cada emisora comercial de radio y televisión,
El anuncio del presidente López Obrador la semana anterior fue bien recibido por la industria de radio y televisión. El mandatario mexicano dijo que los actuales "son otros tiempos, no es el 68. Por eso hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales".
Se hará bien en terminar con este impuesto que desde su origen fue una medida arbitraria de un régimen autoritario, mantenida por las administraciones que siguieron a la alternancia, con una sola modificación durante el gobierno de Vicente Fox, quien convirtió en 96 spots de 30 segundos, a transmitirse de las 6:00 a las 23:59 en cada una de las emisoras de radio y televisión del país.
