Con 351 votos a favor, el miércoles 29 de julio de este año, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto para modificar el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El gran paso a celebrar consiste en que, previamente a la reforma, sólo se obligaba poner a disposición las sentencias que se consideraban de "interés público", cuya divulgación se pretendió que resultaría útil para que el público comprendiera las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; sin embargo –a juicio personal–, un rompecabezas no se arma con tan sólo algunas piezas, por lo que ahora la reforma nos permitirá tener el panorama completo de cómo se resuelve y, con ello, fortalecer la transparencia judicial.
El artículo reformado dice que los sujetos obligados de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas deberán poner a disposición del público y actualizar "las versiones públicas de todas las sentencias emitidas".
Así, cuando todas las sentencias estén disponibles para su consulta (sin necesidad de que sean solicitadas), las personas tendrán la posibilidad de analizar y evaluar cómo se imparte justicia. Al respecto, la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia ha señalado la importancia de esta reforma, al manifestar que el transparentar la totalidad de las sentencias judiciales abona al principio de máxima publicidad, permitiendo un contacto permanente de la ciudadanía con el sistema de justicia, y que la publicidad de las resoluciones contribuye a una mayor rendición de cuentas sobre el desempeño de las funciones de los jueces y magistrados.
El reto ahora es dar cumplimiento a lo estipulado, cuidando de los datos personales de las partes, es decir, se tendrá que realizar la versión pública de cada resolución emitida. El decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a la publicación respectiva en el Diario Oficial de la Federación, por lo que es indispensable la coordinación y planeación inmediata del personal de los poderes judiciales para cumplir con la nueva obligación de transparencia.
