Trasciende inhabilitación a Antonio Ixtláhuac por tres años

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de que se registró como aspirante al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), trascendió la inhabilitación a Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, para ocupar cargos públicos por tres años, emitida por la  Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Se trata de la resolución administrativa correspondiente al procedimiento AMOP-026/2014, emitida a mediados de enero del presente año, en función a que presuntamente el ex alcalde del tricolor no logró solventar observaciones al presupuesto municipal de obra pública correspondiente al ejercicio 2009.

Por tanto, se le obligaría a reintegrar al erario público municipal un monto por 12 millones de pesos, sanción a la que se incluye una inhabilitación por tres años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Hay que recordar que el 26 de mayo de ese mismo año, Ixtláhuac Orihuela fue detenido, al igual que otros funcionarios estatales y municipales, por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero logró su libertad el 19 de marzo del año siguiente.

Es improcedente la inhabilitación: Ixtlahuac

Por su parte, el aludido Antonio Ixtláhuac emitió un comunicado a través del cual descarta la veracidad de la información. Sostiene que la inhabilitación es improcedente y pide que se le respete el debido proceso legal.

"Es falso que me encuentro inhabilitado para ocupar cargos de elección popular, lo cual demostraré a la brevedad; por lo tanto, mis derechos políticos de votar y ser votado están intactos y mi postulación al Senado continúa vigente y con más fuerza que nunca", dijo.

Resaltó que, durante el periodo señalado en el presunto documento de la ASM, sólo se desempeñó cuatro meses como presidente municipal de Zitácuaro: "por lo tanto, yo no firmé la cuenta pública anual, de la cual se desprenden las imputaciones en mi contra, no fui un actor político determinante y no ejercí recursos de obra pública en ese año".

Remarcó que en el 2009, la Ley de Fiscalización del estado establecía un periodo de cuatro años para la prescripción de imputaciones administrativas.

"Hoy en día, la Ley de Fiscalización establece un periodo de siete años para la prescripción; por lo tanto, es necesario recordar que en México, un país que aspira a vivir bajo el imperio de la ley, se debe observar a cabalidad la no retroactividad de la ley, en perjuicio de persona alguna, por lo tanto, mis derechos fundamentales como mexicano consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser respetados", agregó.

Para concluir, planteó que el supuesto documento de la ASM "presenta enormes carencias y deficiencias formales por demás evidentes, lo cual muestra la simpleza y fragilidad del golpeteo que emprendieron intereses perversos, que se encuentran molestos y temerosos por mi postulación al Senado".

Flv Nz