Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la insistencia de un particular en fraccionar en las inmediaciones de la Loma de Santa María a quien le otorgaron los permisos en la administración de Alfonso Martínez Alcázar, el pasado 15 de octubre de este año el Tercer Tribunal Colegiado del décimo primer circuito confirmó la determinación del juez noveno de Distrito de suspender las construcciones por violentar el área natural protegida.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), Ricardo Luna García, aseguró que la administración estatal ha defendido el Decreto del 2009 referente a salvaguardar y proteger las 170.5 hectáreas de la Loma de Santa María, las 17.80 del Parque Urbano Francisco Zarco y las 205 de la Cañada del río Chiquito.
Y aunque dijo que todo el tiempo ha existido la amenaza de particulares o empresas para realizar el cambio de uso de suelo en la zona de la Loma de Santa María, las autoridades han implementado reforestaciones, así como programas de manejo integral para proteger uno de los pulmones más importantes de Morelia.
En rueda de prensa, informó que en 2016 y 2017 el particular adquirió dos predios ubicados en los límites del área natural de la Loma con la intención de fraccionar, una vez que en la administración de Martínez Alcázar se le otorgaron los permisos pese a que está prohibido por ser un área natural protegida.
Sin embargo, cuando la autoridad recibió al menos cuatro denuncias el 9 de abril de 2018, el juez noveno de Distrito, Rodrigo Torres Padilla, revocó el documento y suspendió la construcción.
El funcionario se reservó el nombre de la persona que intentaba construir en la Loma de Santa María, sin embargo, dijo que el interesado recurrió a un juicio de amparo bajo el expediente 3010/2018 para eliminar el decreto del 2009 que salvaguarda la Loma con el argumento de que "afecta sus derechos", pero el juez volvió a sobreseer el caso y el 31 de diciembre el particular volvió a interponer un nuevo recurso de revisión, pero el Tercer Tribunal Colegiado confirmó la determinación del juez federal el pasado 15 de octubre de 2019.
Por tanto, el procurador ambiental de Michoacán, Juan Carlos Vega Solórzano, informó que las autoridades que otorgaron el permiso, es decir los exfuncionarios en la administración del independiente Martínez Alcázar, así como la persona que intentó construir en la zona protegida, serían acreedores a varias multas.
Destacó que podrán aplicarse sanciones económicas por el orden de los 422 mil pesos por daño a la invasión, la falta de manifestación de Impacto Ambiental por un monto de 85 mil pesos la multa, la ausencia de un Plan de Manejo Especial y de la Autorización de la Etapa de Residuos, por un millón 600 pesos. Incluso, dijo que las multas pueden llegar hasta los cinco millones de pesos.
Finalmente, Luna García, señaló que, "el particular adquirió predios fuera del polígono de la Loma, pero su intención era extenderse dentro de la zona pese a que el decreto sigue vigente".
Por: Guadalupe Martínez/R
