Todo México está inmiscuido en el proceso electoral; la jornada será histórica, ya que la diversidad de candidatos reflejará un número importante de decisiones que tomar ante la urna.
Para llegar a ese momento, los candidatos procurarán en sus campañas dar a conocer la mayor información posible de sus planes y programas a ejecutar, en caso de que resulten victoriosos.
Esto implica buscar diversas vías de hacer llegar a los ciudadanos información clave para conseguir sus votos y, en muchos casos, vías erróneas: promocionales, trípticos y pegatinas que llegan a domicilios con membrete dirigido a la persona que habita en el mismo; llamadas en las que se identifica al usuario del número telefónico. En otras palabras, acontece el uso ilegal de datos personales.
Si bien es cierto que los candidatos pueden disponer de un plazo de semanas para dar a conocer sus propuestas, también lo es que no resulta necesario –y no es legal– identificar a las personas para hacerlo.
Recordemos que los datos que las personas otorgan a las autoridades tienen un tratamiento y finalidad específicos, por lo que jamás –insisto, jamás– deberán trasladarse o usarse para un empleo diverso; lo anterior, porque en todo momento la confianza y seguridad de las personas en relación con sus datos que poseen las autoridades dependen de su adecuada protección.
El robo del padrón electoral y el traslado de bases de datos personales son ilícitos ya cometidos en el país, por lo que, con la promulgación de la Ley General de Datos Personales y las correspondientes en los estados, se busca evitar repetir dichas conductas.
Las personas tienen el derecho de tener el control de sus datos personales, por lo que, si consideran que los mismos están en riesgo –por ejemplo, les llega propaganda personalizada a sus domicilios, pueden acudir al IMAIP, el cual fue creado para garantizar y promover el derecho humano a la protección de datos personales.
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