Morelia, Michoacán (Boletín).- El ejercicio de la responsabilidad pública no se funda en el discurso político sino en la acción, por lo que es urgente que el Gobierno Federal brinde certeza al sector educativo en Michoacán, más aún cuando no existe claridad sobre la fecha exacta en la que se concretará la federalización, coincidieron los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local.
Los diputados Araceli Saucedo Reyes, Norberto Antonio Martínez Soto, Octavio Ocampo Córdova y Antonio Soto Sánchez hicieron un llamado a la federación a respaldar a Michoacán, ya que de lo contrario, se abre el camino al colapso, pues no se tendrá suficiencia de recursos para hacer frente a las necesidades que se tienen en el sector educativo.
Ante lo expuesto por el gobernador Silvano Aureoles de que sólo se cuenta con presupuesto para el pago de salarios de 32 mil maestros hasta la segunda quincena de junio y de que el déficit es superior a los cuatro mil 800 millones de pesos, es apremiante que se concrete el proceso de la federalización o se destinen recursos extraordinarios para que Michoacán tenga suficiencia y cumpla en tiempo con el pago de los maestros.
Recordaron que existe el compromiso del presidente de la República, para federalizar la nómina magisterial de Michoacán y resolver así un problema histórico, por lo que se debe concretar dicho proceso, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación ya cuenta con la documentación requerida, para iniciar el pase de lista de la nómina estatal de enero a diciembre del 2018, esta semana, y posteriormente verificar los centros de trabajo, cuánto ganan y los bonos que reciben, lo cual consideraron tendrá que estar concluido a principios de julio.
Por lo anterior insistieron en que se debe brindar certeza a Michoacán y apoyar al estado con los recursos extraordinarios que se necesitan para que se haga frente a las demandas que se tienen en el sector educativo, en tanto se resuelve la federalización.
Como se recordará la participación estatal en educación incrementó en 55 por ciento respecto a 1992, lo que fue generando un enorme boquete en las finanzas del Estado y un creciente déficit acumulado para el pago de la nómina magisterial.
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