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Morelia, Michoacán (Boletín).- En el país resulta impostergable una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de fortalecer las finanzas de estados y municipios y garantizar una distribución equitativa y justa de recursos, más aún cuando la federación no asume la rectoría del sector educativo y contempla la posibilidad de desaparecer las Zonas Económicas Especiales, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez.

El diputado integrante de la Comisión de Gobernación, hizo mención que el Gobierno Federal, en el discurso señala que el trabajo y el estudio son la mejor arma para combatir la inseguridad, pero en contraste, no quiere asumir los gastos de educación y quiere desaparecer la ZEE, “hace todo lo contrario, a lo que dice”.

Ante la situación económica en el país y el castigo en materia presupuestal que este año enfrentan estados y municipios desde la federación, urgió a generar en el andamiaje legal federal, con la finalidad de que desde la Ley se den las condiciones necesarias para el desarrollo de las entidades y municipios.

Derivado del escenario actual en el país, advirtió que podría reportarse el colapso en administraciones municipales y estatales, por lo que resulta apremiante una gran reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se garantice una distribución más justa de los recursos que se recaudan en el país.

El diputado Antonio Soto consideró que la concentración de los recursos por parte de la federación en este gobierno, atentan contra el Pacto Federal y también genera graves afectaciones al desarrollo de los estados y municipios, como lo es en el caso de Michoacán en donde las finanzas desde décadas atrás son deficitarias, debido al esquema inequitativo firmado en materia educativa en el año de 1992.

En ese contexto, reiteró que en el país el esquema de la distribución de recursos es injusta, y pese a las voces que han manifestado la urgencia de que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal en el país, este tema continúa como el gran pendiente.

Ante ello, consideró que se requiere que la federación asuma la rectoría del sector educativo y a que en el Congreso de la Unión se inicie con el trabajo para lograr la modificación normativa fiscal.

Los recursos, recalcó, deben distribuirse en condiciones racionalidad y justicia entre federación, estados y municipios, ante lo que nuestro país no puede continuar soslayando la importancia de legislar en la materia y generar desarrollo con equidad para todas las entidades federativas y demarcaciones, lo cual es una condición fundamental para la recomposición social.

PO