Complicada la zona del Obelisco a Lázaro Cárdenas, desde avenida Michelena con dirección a la salida a Quiroga, muy lento el avance, lo mismo para quienes van hacia calzada La Huerta y los que vienen de La Huerta al Obelisco.

 

Calzada Madero, a partir de la gasolinera Poza Rica y con dirección a la salida a Charo a vuelta de rueda el avance. En su cruce con Carpinteros de Paracho se intensifica. En sentido contrario hay mejor circulación. 

 

Bloqueada la avenida Madero, frente a Palacio de Gobierno, en ambos sentidos. Desde Morelos Sur hasta Abasolo 

 

Cerrado un tramo de la avenida Enrique Ramírez con dirección de Las Américas hacia Acueducto por obras de balizamiento, para salir deberá dar vuelta a la derecha por la calle Haití, la fila de autos avanza lentamente

Urgente fortalecer garantía del pago de pensión alimenticia: Cristina Portillo

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Es urgente cerrar cualquier hueco en la ley que deje en estado de indefensión al acreedor alimentario, y en ello debemos trabajar en el Legislativo (Foto Cortesía)
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia está penado por la legislación actual, existen resquicios legales que permiten dilatar el cumplimiento de esta obligación, señaló la diputada local morenista, Cristina Portillo. Portillo Ayala presentó, en sesión virtual del Congreso del Estado, una iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de Michoacán a efecto de sancionar al empleador o responsable del pago que de algún modo oculte o no informe el ingreso real de la persona obligada al pago de la pensión alimenticia.
"En muchos casos, existe una complicidad del empleador del deudor para reportar un ingreso menor al que realmente se percibe, acciones que están lejos de ser honestas y que merecen una consecuencia jurídica", señaló la morenista.

"La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce su derecho a que se les satisfagan los alimentos, así como la obligación de los padres de proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones. El estado debe tomar en consecuencia, toda serie de medidas para darle certeza a que estos derechos se concreten", apuntó Cristina Portillo.

La iniciativa pretende sancionar hasta con un año de prisión a quien incumpla con la obligación de proporcionar a la autoridad judicial la información sobre los ingresos económicos del deudor alimentario; y hasta con tres años de prisión al empleador que no realice los descuentos determinados en resolución judicial de forma inmediata. Boletín/PO