Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes del municipio de Múgica que promovieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no descartan la posibilidad de interponer una denuncia de juicio político en contra del alcalde Salvador Ruiz Ruiz, a quien acusan de supuesto hostigamiento y de girar instrucciones para que no se les permita realizar ningún trámite ante el Ayuntamiento.
"Nos han negado licencias municipales para trabajar negocios que ya teníamos nosotros de años", expuso, Vianey Mendoza Flores, una de las representantes de la comitiva de mujeres que se presentó esta mañana de miércoles ante el congreso local con los propósitos de exigir celeridad al proyecto Ciudad Mujer en Múgica -que a decir del diputado Raymundo Arreola Ortega, presenta un avance del diez por ciento- y, exigir que se ponga un alto al presunto hostigamiento del que se dicen víctimas.
El segundo punto lo abordarían en privado con integrantes de la comisión parlamentaria de derechos humanos, que para este miércoles dispuso una serie de reuniones por separado con las partes involucradas en la denuncia a la cual dio trámite el año pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por supuestas violaciones a las garantías de mujeres que se manifestaban en demanda de la edificación del proyecto Ciudad Mujer.
Como seguimiento a la queja, la CEDH pidió al congreso del estado que solicitara la comparecencia del cabildo del ayuntamiento de Múgica por desacato a las recomendaciones emitidas por violación al derecho a la protesta y la seguridad jurídica.
Hasta ese momento, el Ayuntamiento de Múgica se había negado a atender las recomendaciones del organismo, consistentes en dar vista a la contraloría municipal para que iniciara un procedimiento administrativo sancionador en contra del presidente municipal, Salvador Ruiz Ruiz, a fin de determinar la responsabilidad en que pudo haber incurrido, y por la comisión de actos violatorios de derechos humanos consistentes en "violación de los derechos de la mujer, de la libertad a manifestarse y del derecho a protestar".
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Se le pidió la elaboración, emisión y publicación de un protocolo de actuación para los casos del ejercicio del derecho a inconformarse y protestar, en el que se considere la atención inmediata, la coordinación de las autoridades competentes, los medios pacíficos para resolverlos, sobre la base del diálogo eficaz y persuasión, y se envíen las constancias con que acrediten su cumplimiento.
Además, que se reconociera el reclamo de las quejosas como un ejercicio del derecho humano a protestar, mediante una disculpa de carácter público y se evite en lo consecuente acciones policiales como respuesta a las demandas legítimas de los habitantes de Múgica.
Después de la petición que hizo la CEDH al congreso, las autoridades municipales determinaron que sí acatarían las recomendaciones, y, enviaron documentación al respecto.
Con el argumento de que el asunto no puede simplemente darse por concluido, la comisión parlamentaria de derechos humanos determinó escuchar los planteamientos de las distintas partes, y en función a ello emitir una resolución.
En entrevista colectiva previa, las mujeres implicadas en el caso insistieron en que no sólo no han recibido ninguna disculpa pública, sino que continúa el hostigamiento hacia ellas, motivo por el cual no descartan interponer una denuncia de juicio político contra la autoridad municipal.
El caso surgió a raíz de una manifestación realizada en dicha demarcación, en abril de 2016, por mujeres que exigían la ejecución del proyecto Ciudad Mujer, mismas que fueron objeto de agresiones por parte de elementos policíacos, tras las cuales el organismo defensor de los derechos humanos emitió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, a la Procuraduría General de Justicia y al cabildo de Múgica.
jcms
