Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- "Ya saben lo que tienen que hacer, mátenlos", es una frase atribuida por la Fiscalía al presidente municipal de Álvaro Obregón, con relación al homicidio de 10 personas en Cuitzeo, ocurrido hace ocho días, asunto por el cual el sábado el edil fue vinculado a proceso junto con el ex subdirector de Seguridad Pública y tres policías municipales, así lo definió el Juez de Control, Juan Salvador Alonso Mejía, determinación en la cual jugaron un papel importante las declaraciones del ex director de Seguridad Pública de dicho Ayuntamiento y de un comandante de la Policía Ministerial, quienes afirmaron que estuvieron presentes al momento de que el alcalde supuestamente ordenó el múltiple crimen.
La continuación de audiencia inicial empezó a las 9:00 horas, en la Sala 4 de Oralidad del Poder Judicial de Michoacán, situada en el Antiguo Camino a La Huerta. La parte acusadora presentó al menos siete entrevistas en las que testigos afirmaron que unos elementos de la Policía de Álvaro Obregón "levantaron" a las 10 víctimas de la tienda de abarrotes "Los Arcos", ubicada en la salida de la demarcación de Álvaro Obregón hacia Indaparapeo.
En el caso de estos testimonios ninguno sitúa en lo particular, en el lugar de los hechos, al munícipe ni a los otros cuatro imputados. No así dos entrevistas que fueron vitales para que el juzgador determinara vincular a proceso a los indiciados, éstas son las del ex director de Seguridad Pública y la de un comandante de la Policía Ministerial asignado a la región de Zinapécuaro, a quienes llamaremos "M. M. C" y "M. A. F. J.", respectivamente.
Con relación a "M. M. C", éste declaró ante la Fiscalía y en presencia de su abogado, en las instalaciones de la representación social, que a las 23:00 horas del viernes 29 de julio de este 2016 recibió la llamada de un oficial de la Policía de Álvaro Obregón, donde hasta hace unos días se desempeñó como director de Seguridad Publica.
Narró que el policía le dijo que en una tienda que está en los límites de Álvaro Obregón con Indaparapeo estaban varias personas tomando y escandalizando. Explicó que al llegar vio a varios elementos policiacos, entre ellos a los tres agentes municipales hoy imputados, así como a un cuarto que está prófugo de la justicia.
El ex mando dijo que los uniformados realizaban una revisión corporal a un grupo de personas, todas del sexo masculino. Añadió que en el sitio estaba una camioneta Tacoma, de color rojo a la que los policías subieron a los civiles en la parte de la caja.
Argumentó que después arribó el alcalde y el ex subdirector de Seguridad Pública, acompañados por "M. A. F. J.", todos ellos a bordo de una camioneta Suburban, de color negro, instante en que al ver a los civiles que estaban detenidos el presidente municipal habría dicho: "Llévenselos".
En su declaración, "M. M. C" refirió que la Tacoma en la que eran llevados los civiles encabezaba una caravana que estaba compuesta por dos patrullas de la Policía Municipal y al final la camioneta Suburban negra, propiedad del edil y en la que viajaba éste con el ex subdirector de Seguridad Pública y el comandante de la Ministerial "M. A. F. J.".
El ex jefe policiaco manifestó que el convoy ingresó a una brecha y ahí, en un terreno agreste, vio que bajó de su vehículo el presidente de Álvaro Obregón, el ex subdirector y el comandante de la Ministerial. Aseveró que observó cuando el alcalde sacó una pistola de entre sus ropas y se la entregó al ex subdirector de Seguridad Pública al tiempo que le decía: "Ya saben lo que tienen que hacer, mátenlos".
Afirmó que el ex subdirector, quien traía ya el arma, se la pasó a un oficial que hasta esta fecha está prófugo de la justicia, momento en que el alcalde supuestamente les manifestó a todos los presentes: "El que hable se muere y saben que lo cumplo". Luego se retiró con el ex subdirector y con el jefe policiaco dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Luego los civiles serían privados de la vida y quemados, junto con la Tacoma.
"M. M. C" refirió que tuvo un shock emocional y temió por su vida por las supuestas amenazas que, aseveró, hizo el edil. No obstante, subrayó que posteriormente decidió declarar y acudió por voluntad propia ante la Fiscalía, siendo ahora su testimonio uno de los elementos de prueba que el juzgador consideró determinantes para vincular a proceso a los indiciados.
La declaración del comandante, trabajador de la PGJ, va encaminada en el mismo tenor, ubica a los cinco imputados en los hechos constitutivos de delito que se les atribuyen; asimismo agrega que teme por su vida y la de su familia por las supuestas amenazas del munícipe y afirma que no pudo actuar para evitar la masacre de los 10 ciudadanos al explicar que él era uno solo, únicamente con un arma de cargo, contra más de 10 policías municipales con fusiles de asalto.
Así pues, estos dos testimonios fueron clave para que Juan Salvador Alonso determinara vincular a proceso a los cinco indiciados, aunado a 40 datos de prueba que él mismo expresó detectó fueron presentados por la parte acusadora.
Las defensas expusieron sus argumentos con relación al asunto y en todo momento consideraron que sus representados eran inocentes y señalaron que las acusaciones de la Fiscalía eran faltas de sustento y calificaron a "M. M. C" y "M. A. F. J." como "testigos de coartada" "inducidos" para declarar en contra de los cinco imputados.
Con todo el panorama sobre su mesa, el Juez determinó vincular a proceso a los cinco imputados por el delito de homicidio calificado, toda vez que consideró que existían los datos de prueba suficientes para hacerlo. La Fiscalía a su vez solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y ésta le fue concedida por el órgano jurisdiccional.
La parte acusadora también pidió un plazo de seis meses para culminar la etapa de investigación complementaria, pero los abogados de los cinco vinculados se opusieron y al final el juzgador dio un término de dos meses, el cual definió que fenece el 6 de octubre de este año.
Ahora, los abogados de los indiciados tendrán que determinar si apelan o no el resolutivo del juez; cuatro de las defensas no quisieron revelar nada ante la prensa sobre la decisión que tomarán, mientras que el representante legal del alcalde afirmó que se irán por la vía del amparo y recalcó que su cliente es un preso político.
