Por: Víctor Americano/@americanovictor
Fue el 21 de julio de 2017 cuando el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Michoacán emitió el fallo de licitación pública número CADPE-EM-LPE-022/2017-2ª (LPE-019/2017) para la contratación de la auditoría forense a la cuenta "Cargos por Aplicar" del Ejecutivo estatal, la cual se adjudicó a la empresa Contadores y Asesores de Negocios PFK México, S.C.
Lo anterior derivó en el decreto número 345 del Congreso del estado, el cual se publicó el 6 de marzo de 2017 en el Periódico Oficial del Estado, y la auditoría se realizaría durante los meses de julio a septiembre del año pasado, y que contaba con diversos compromisos de acompañamiento de parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, la propia empresa auditora y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado.
El decreto
En el artículo 4º de los transitorios del mencionado decreto se puede leer al calce: "El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, ordenará la realización de una auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar, que abarque desde los orígenes de la misma hasta el ajuste realizado en el año 2014".
"Los trabajos que desarrollen los profesionales externos serán supervisados conjuntamente por el Poder Ejecutivo del estado, por conducto del secretario de Finanzas y Administración, así como por el Congreso del estado, por conducto de los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, ante quienes deberán presentarse informes parciales trimestrales de avance, así como un informe final de resultados".
Y de acuerdo con un documento oficial fechado el 27 de septiembre del año pasado, en poder de este servidor, firmado por el secretario Carlos Maldonado Mendoza y dirigido al entonces presidente de la Mesa Directiva de la 73 Legislatura, Miguel Ángel Villegas Soto, el primer informe parcial trimestral de avance de la mencionada auditoría debió haberse entregado el 7 de noviembre de 2017.
Los "resultados"
Pero lo más reciente dado a conocer de este procedimiento se generó en la primera quincena del mes de febrero de este año, porque de acuerdo con una nota publicada en el portal www.mimorelia.com, en esa fecha hubo una revisión de los avances obtenidos por la empresa Contadores y Asesores de Negocios PFK México, S.C., ante la presencia de su director, Luis Alberto Cámara Puerto, además del director general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez; la entonces diputada presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, Yarabí Ávila González, así como personal de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal.
En esa fecha, Cámara Puerto reconoció que el gobierno del estado le había entregado a la empresa auditora toda la información necesaria para realizar las tareas y procesos requeridos, lo cual les permitió analizar más de 6 millones y medio de registros, que en ese momento representaban el 55% del total de las bases de datos que constan en el Poder Ejecutivo.
Hoy, a la distancia, los michoacanos desconocemos los resultados finales de esa auditoría forense, de la cual se dijo que representaría un costo de por lo menos 150 millones de pesos.
¿Quedó roto del decreto 345-auditoría forense?
Hoy a la distancia, insisto, hay más preguntas que respuestas: ¿dónde está el resultado final?, ¿cumplieron los involucrados con revisar los avances de la auditoría forense con las reuniones trimestrales?, ¿los involucrados respetaron o rompieron el decreto al no dar seguimiento puntual a los trabajos?
Urge que se dé a conocer el resultado final, que sepamos que los cerca de 150 millones que cobró la empresa auditora valieron la pena; pero aparte urge saber si se detectaron las irregularidades del caso, para que se aplique puntualmente lo que dice el decreto: "en caso de que de dichos informes se desprenda la posible comisión de actos contrarios a la normatividad aplicable, se hará del conocimiento a las autoridades competentes, a fin de que se instauren los procedimientos administrativos, civiles, fiscales, penales o los que correspondan", señala el decreto.
El tercer Informe de Silvano Aureoles
Sin duda alguna, los michoacanos estaremos atentos a lo que tenga que informar el gobernador Silvano Aureoles Conejo este 26 de septiembre. A tres años de su gobierno, es necesario enterarnos del estado que guarda la administración estatal en todos los rubros, sobre todo en los más importantes: desarrollo, seguridad, educación y salud.
Pero más importante es que el Ejecutivo estatal rinda su tercer informe sin maquillar cifras y haciendo una sincera autocrítica de los temas que han quedado pendientes. Y comento que ojalá sea de esta manera, porque todos sabemos cómo recibió la administración Aureoles Conejo, la cual el propio gobernador resumió en tres palabras: "recibí un caos", dijo al preguntarle en una de sus primeras entrevistas con este servidor.
Hay que reconocer que no todo es malo, que sí ha habido avances en diversos rubros, pero que la coyuntura de 2018, electoralmente hablando, nos tiene, en general preocupados, por la posibilidad de que se vaya a dar una mala relación entre López Obrador y Aureoles Conejo. Eso no debería suceder jamás; Michoacán es un gran estado y merece el desarrollo en todos los rubros, sobre todo en los que tienen que ver directamente con la ciudadanía.
Hay que exigir a todos los niveles de gobierno que nos cumplan, que tengan palabra, incluyendo al propio Andrés Manuel López Obrador (después del 1 de diciembre), a Silvano Aureoles y al alcalde de Morelia, Raúl Morón; sin olvidarnos de los poderes Legislativo y Judicial; todos cobran y muy bien; asimismo, deben ser productivos a favor de los michoacanos.
AC
